CAMPAÑA DE LA RENTA 2016

A partir del 5 de abril se ha iniciado la campaña de la declaración de la renta del ejercicio 2016. La campaña se realizará siguiendo el siguiente calendario:

05-04-2017 Inicio servicios telemáticos borrador / declaración. Información teléfono RENTA

    • Obtención del número de referencia del borrador y/o datos fiscales por Internet (RENØ / Certificado o Cl@vePIN) o por teléfono (901 12 12 24): 5 de abril al 30 de junio (24 h).
    • Confirmación del borrador por vía electrónica:
      • Internet, en el servicio de tramitación borrador/declaración (Renta WEB): 5 de abril al 30 de junio (24 h).
      • Teléfono, en el 901 200 345 ó 91 535 68 13: 5 de abril al 30 de junio (L a V de 9 a 21 h).
    • Modificación del borrador por vía electrónica:
      • Internet, en el servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB): 5 de abril al 30 de junio (24 h).
      • Teléfono en el 901 200 345 ó 91 535 68 13: 5 de abril al 30 de junio (L a V de 9 a 21 h).
    • Presentación de declaraciones Renta 2016 confeccionadas con Renta WEB: 5 de abril al 30 de junio (24h).
    • Presentación de declaraciones de Patrimonio 2016: 5 de abril al 30 de junio (24h).
    • Servicio telefónico de Información Tributaria de RENTA, 901 33 55 33 ó 91 554 87 70 (L a V de 9 a 19h; este servicio permanecerá todo el año).

04-05-2017 Inicio servicio de Cita Previa

    • Petición de Cita Previa para confección de declaraciones y modificación de borradores:
      • Internet (24h): 4 de mayo al 29 de junio.
      • Teléfono en el 901 22 33 44 ó 91 553 00 71 (L a V de 9 a 19h): 4 de mayo al 29 de junio.

11-05-2017 Inicio de la atención presencial (confección / modificación y presentación borradores / declaraciones) en oficinas.

    • Inicio del servicio de confirmación / modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y de otras administraciones (CC.AA. y CC.LL.) que colaboran en la prestación del servicio, PREVIA CITA: 11 de mayo al 30 de junio.
    • Inicio del servicio de confección / presentación de declaraciones en oficinas de la Agencia Tributaria y de otras entidades colaboradoras (CC.AA, Ayuntamientos, Registros…): 11 de mayo al 30 de junio. Es necesario concertar CITA PREVIA por Internet en la WEB de la AEAT o llamando a los teléfonos 901 22 33 44 o el 91 553 00 71 (L a V de 9 a 19h), desde el 4 de mayo al 29 de junio.

26-06-2017 Fecha límite domiciliación bancaria

    • Último día para presentar declaraciones con domiciliación bancaria.

29-06-2017 Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas

    • Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas.

30-06-2017 Último día de Campaña de Renta 2016

    • Último día para presentar borradores / declaraciones de Renta 2016 y de Patrimonio 2016.

FIN DE LA CAMPAÑA DE RENTA 2016

06-11-2017 Último día segundo plazo

    • Último día para realizar el pago del segundo plazo de la cuota del Impuesto sobre la Renta 2016.

TRATAMIENTO FISCAL CLAUSULAS SUELO

           Las novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de Medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo incluye una Disposición Adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, que tiene por finalidad regular los efectos fiscales de la devolución, por parte de las entidades financieras, de los intereses ya satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de la aplicación de las clausulas suelo que se estipulaban en los préstamos hipotecarios.

          Dicha disposición establece en su apartado 1 que las cantidades devueltas no deben integrarse en la base imponible del impuesto, ni tampoco sus intereses indemnizatorios, ya sean por acuerdos celebrados con las entidades financieras, bien en efectivo bien mediante adopción de medidas equivalentes de compensación, o como consecuencia de una sentencia judicial o de un laudo arbitral.

Esto es, no hay que incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios reconocidos.

 SUPUESTOS DE REGULARIZACIÓN.

          Dicha disposición en su apartado 2 cita dos supuestos en los que si se establece una regularización para los importes percibidos:

 1.- Cuando los intereses formaron parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o en deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas. PRINCIPAL.

 En este caso se perderá el derecho a la deducción y se deberán incluir los importes deducidos en la declaración del IRPF del ejercicio en que se produzca la sentencia, laudo o acuerdo con la entidad, pero sin la inclusión de los intereses de demora.

           Por ejemplo, si el acuerdo se produce en el año 2017, la regularización se realizará en la declaración de dicho año (la que se presenta desde abril a junio del 2018) y afectará a las deducciones de los años 2013 a 2016 (ambos incluidos). Hay que tener en cuenta que si el acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (que se presenta desde abril a junio este año 2017), la regularización del 2016 no se tendrá en cuenta para la aplicación de la deducción en vivienda de dicho año y afectará a las deducciones de los años 2012 a 2015, ambos incluidos. En la propia declaración hay unas casillas habilitadas para su regularización.

 2.- Cuando los intereses han tenido consideración de gastos deducibles (capital inmobiliario o actividad económica). PRINCIPAL.

 En este supuesto estos importes perderán la consideración de gastos deducibles y el contribuyente deberá presentar declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios, eliminando dichos gastos, siendo solo de aplicación a ejercicios respecto a los cuales no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

El plazo de presentación de dichas declaraciones complementarias será el comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de la autoliquidación por dicho impuesto, no estando sujetas ni a sanción ni a intereses de demora ni a recargo alguno.

           Por ejemplo, si el acuerdo es antes de finalización de la presentación del IRPF del 2016 (desde abril a junio 2017), habrá que hacer complementarias de los años 2012 a 2015, ya que las que correspondan al 2016 ya no se tendrán en cuenta en dicha declaración. Si, por el contrario, el acuerdo es posterior, se deberá presentar las declaraciones complementarias en el plazo de presentación del año 2017, que es desde abril a junio de 2018, y afectara a las deducciones de los años 2013 a 2016. Declaraciones complementarias.

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION, ETICA Y TRANSPARENCIA

España no podía ser una excepción a los movimientos de reforma que sacudían y sacuden la escena internacional; máxime teniendo en cuenta la tendencia de implantar un código de buen gobierno en las sociedades desde finales del siglo pasado. Algunos casos claros de vulneración del mismo se fueron conociendo a nivel mundial produciendo efectos colaterales en multitud de sectores (consumidores, ambientales, fiscales, blanqueo de capitales…), tales como el caso Enron, Parmalat y empresas tecnológicas fuera de nuestras fronteras- esto dio lugar a la ampliación del Informe Winter a nivel europeo. Recientemente en nuestro país se han destapado nuevos casos como gestoras de capitales, blancos y cajas de ahorros (Fórum Filatélico, Pescanova, Bankia…) en los que el Consejo de Administración no siguió como mínimo unas normas éticas adecuadas. Esto se ve reforzado por los escándalos de las entidades Auditoras que han pasado por alto ciertas situaciones, recordemos la desaparición de “Arthur Andersen”.

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha implantado a lo largo de los últimos años, siguiendo distintos mandatos del Consejo de Ministros, Códigos de Buen Gobierno, nombrando diversas y sucesivas comisiones de expertos, la última en 2013 (Comisión Olivencia; Comisión Aldama; Código Unificado de Buen Gobierno de sociedades cotizadas de 2006 y 2013…).

Todos estos Códigos, así como los internacionales (Informe Cadbury; Drey; Greenbury, Kirby…), contienen un catálogo de medidas que no se pueden imponer a las sociedades ni a sus órganos de gobierno de forma coactiva pues no son Derecho Objetivo, sino que son de aplicación voluntaria. Así la ley 31/2014 introduce ya como Derecho objetivo e imperativo, es decir obligatorio, algunas de estas medidas, aplicándolas ya no solo a las sociedades cotizadas sino también a las Sociedades Anónimas y Limitadas, podríamos decir, normales y corrientes. Todo ello con cierta gradación e intensidad diferente.

Uno de los principios fundamentales que rigen la organización de la Sociedad Anónima es el de jerarquización, en virtud del cual se asegura la unidad del proceso de gestión; estando en la cúspide del organigrama el Consejo de Administración. Es lógico, que el órgano encargado de orientar la política de la compañía, y formular y aprobar objetivos, sea el titular del máximo poder.

Los Informes y la actual Ley insisten en que la misión de todos los miembros del Consejo es defender a largo plazo la viabilidad de la empresa. Todos los consejeros deben de cooperar en unidad de acción, en la protección de los intereses generales de la sociedad.

El problema es que al Consejo se le contempla como un verdadero órgano de gestión, cuando en realidad, en las sociedades de gran dimensión – en especial las que cotizan en Bolsa-, esa gestión esta fundamentalmente en manos del equipo de dirección, aunque el administrador nominal sea el Consejo.

Ello conlleva la ventaja en cuanto a la especialización y conocimiento en el desempeño de sus funciones por arte de los administradores, pero al mismo tiempo acarrea el inconveniente de generar conflictos de intereses entre los de los propietarios y los de los consejeros. Para ello es necesario establecer unas estructuras de gobierno aptas para hacer frente al mayor riesgo de divergencia de intereses entre la propiedad y la gestión que trae consigo el aumento del capital flotante o de los llamados accionistas ordinarios o no significativos y de los institucionales.

En primer lugar, precisar que dentro del Consejo deben distinguirse tres estadios de poder efectivo:

1)  El constituido por la cúpula societaria, integrado por el Presidente, los vicepresidentes, el Consejero Delegado y un número muy reducido de Consejeros, todos ellos con plena dedicación y poderes muy amplios;

2)  Estaría constituido por la Comisión Ejecutiva, Delegada y Permanente, que integra además de a los anteriores, a los Consejeros especialmente cualificados; y finalmente,

3)  El Consejo en pleno.

Los Consejeros, a su vez, deben distinguirse entre externos e internos, debiendo la mayoría amplia del consejo estar integrada por externos.

Los consejeros externos pueden ser de dos tipos: dominicales, que acceden al Consejo por ser titulares o representar a los titulares de paquetes accionariales de la compañía con capacidad de influir en el control de la sociedad; o consejeros independientes, que no están vinculados ni al equipo de gestión ni con los núcleos accionariales de control, y cuya misión primordial consiste en hacer valer en el Consejo los intereses del capital flotante (accionistas ordinarios).

Por último estarían los Consejeros internos, minoritarios en el Consejo, y que serían las personas más significativas del equipo de gestión.

Resulta evidente que el statu quo actual de los consejeros es el mismo. Sin embargo dentro del mismo se pueden distinguir al frente del Consejo a su Presidente, del cual depende, en última instancia, la eficacia operativa del mismo, siendo fundamental su labor para aglutinar y dar cohesión a este. Ha de ocuparse de convocarlo, formular el orden del día y dirigir y firmar las actas de las reuniones, presidir la Junta General sino que también ha de velar por que los miembros del mismo reciban la información necesaria, participen de manera activa y se comprometan en las tareas. Es decir, promover su buen funcionamiento.

Otra figura de particular importancia dentro del Consejo es la del Secretario, sobre el cual recaen las responsabilidades de intendencia y orden, debiendo de tener acceso al asesoramiento y a los servicios del mismo todos los Consejeros. Se destaca que el mismo es el encargado de formalizar los acuerdos, expedir certificaciones, conservar la documentación, dejar constancia en los libros de actas del desarrollo de las sesiones; gozando de independencia y estabilidad en el cargo.

Finalmente están las vocalías, que no tienen asignada ninguna función específica dentro de la estructura, y que dependerá de la distribución de competencias que se realice con posterioridad. Evidentemente esta delegación o distribución se realizara a través de la creación de una Comisión Ejecutiva, recomendándose que la misma refleje fielmente la composición del Consejo.

Las relaciones entre ambos órganos deben estar presididas por el principio de transparencia, adoptándose las medidas precisas para asegurar que el Consejo tenga conocimiento completo de todos los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la Comisión Ejecutiva. A su vez el Consejo debe ser transparente con la Junta General, es decir, los socios.

Serían unos órganos de apoyo a los que confiar el examen y seguimiento permanente de la entidad en algunas áreas de especial relevancia para el buen gobierno de la compañía, entre ellas las relacionadas con: la información y control contable (comisión de auditoria); la selección de consejeros y altos directivos (comisión de nombramientos); la determinación y revisión de la política de retribuciones (comisión de retribuciones); y la evaluación del sistema de gobierno y de la observancia de sus reglas (comisiones de cumplimiento), debiendo estar compuestas exclusivamente por consejeros externos y denominándose Comisiones delegadas de control que garantizan el principio de transparencia y vigilancia.

Estos órganos son comisiones informativas, consultivas y de simple propuesta.

LA RESPONSABILIDAD JURIDICA DE LOS ADMINISTRADORES : ¿COMO EVITARLA?

Próximas conferencias impartidas por Daniel Cuadrado Ramos dentro del  Programa de Actualización Gerencial de Asemaco, organizado por las Confederaciones de empresarios de Pontevedra, La Coruña y Orense, en colaboración con la Escuela de Negocios Afundación.

La fechas previstas son:

La Coruña, 16 de abril de 2015.

Orense, 6 de mayo de 2015.

Vigo, 7 de mayo de 2015

 

MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTRATACION ESTABLE Y MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES

Les informamos sobre las principales novedades recogidas en el Real Decreto‐ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

A) MEDIDAS EN RELACION CON EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL (ART.1)

  • Deberá constar en el contrato de trabajo a tiempo parcial la jornada en horas (diarias, semanales, mensuales o anuales) y su distribución horaria.
  • Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo las de fuerza mayor.
  • Se podrá formalizar un pacato de horas complementarias en caso de contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a  10 horas semanales en cómputo anual (2 al día o 43 mensuales).
  • El trabajador deberá conocer el día y hora de realización de horas complementarias con una antelación mínima de tres días.
  • El empresario deberá llevar un registro de jornada de los trabajadores a tiempo parcial, totalizarlo mensualmente y entregar copia al trabajador junto con la nómina, detallando las horas realizadas de cada tipo. Deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.
  • El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores podrá realizarse tanto a tiempo completo como parcial.

B) MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE PRUEBA (ART.1.2)

  • Los contratos temporales concertados por tiempo inferior a seis meses no podrán tener un periodo de prueba superior a un mes.
  • Los periodos de prueba concertados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto‐ley continuarán rigiéndose por la normativa legal o convencional conforme a la que se celebraron.

C)  CONCEPTOS COMPUTABLES EN LA BASE DE COTIZACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Entre otros:

  • Plus transporte o distancia pasa a cotizar en todos los casos.
  • Se computarán igualmente los gastos de manutención y estancia generados en el mismo municipio del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia.
  • También se computan las aportaciones empresariales a planes de pensiones o sistemas alternativos).

 D) BASE MÍNIMA DE COTIZACIÓN PARA DETERMINADOS AUTÓNOMOS.

Desde el 01/01/2014, los trabajadores autónomos con más de 10 trabajadores o autónomos societarios (administradores de sociedades) se le aplicará la base de cotización mínima para el Grupo de Cotización 1 del Régimen General (1.051,50 €).

Régimen de criterio de caja (RECC)

Con efectos desde el 1 de enero de 2014, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introduce el régimen especial del criterio de caja.

De ésta forma, desde enero de 2014 las PYMES y autónomos que decidan acogerse de forma voluntaria a éste régimen tributario no deberán adelantar a Hacienda el IVA de las facturas no cobradas. Aunque esa norma también afectará a las facturas de gasto que no hayan pagado, cuyo IVA soportado no se podrán desgravar.

Para poder acogerse a éste régimen, la empresa o profesional deberá solicitarlo al presentar la declaración de comienzo de actividad (modelo 036 o 037) o en el mes anterior al inicio del año natural en el que debiera a comenzar ser de aplicación, modificando sus datos censales en el apartado relativo al régimen de IVA que le corresponde. Para el año 2014 y de manera excepcional se amplía la opción de presentación de la declaración censal se extenderá hasta el 31 de marzo de 2014, (Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre), surtiendo efecto en el primer período de liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercitada la misma.

-   ¿Quiénes pueden aplicar el RECC?

Los sujetos pasivos cuya  facturación anual o volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros (excluyendo el IVA).

Se excluyen los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural anterior superen la cuantía de 100.000 €.

-¿Cuándo se produce el devengo de las operaciones en el RECC?

En las operaciones que se acojan al Régimen especial de IVA de Caja, el impuesto se devengará en el momento del cobro, ya sea total o parcial, del importe percibido. Si no se ha producido el cobro, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año posterior. Por lo tanto, hay que aclarar que a pesar de todo lo que se ha dicho, el aplazamiento en el pago del IVA a Hacienda es sólo temporal, ya que a final del año siguiente es necesario devengarlo todo.

Ejemplo:

Empresario acogido al régimen especial del criterio de caja entrega mercancías en el primer trimestre de 2014 por importe de 600.000 €.

La mitad del precio se cobra el 1 de mayo de 2014 y el resto el 1 de mayo de 2016. ¿Cuándo se produce el devengo?

El devengo se producirá el 1 de mayo de 2014 por el importe cobrado (300.000 x 21% = 63.000 €) y el 31 de diciembre de 2015 por el importe restante (300.000 x 21% = 63.000 €)

Además, será necesario acreditar el momento del cobro de la operación, ya sea total o parcial.

-   ¿En qué declaración-liquidación podrá ejercitarse el derecho a la deducción?

En la declaración-liquidación del periodo en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o en las de los sucesivos, por lo que la cantidad a pagar saldrá de la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA realmente pagado.

Ejemplo:

Empresario acogido al régimen especial del criterio de caja adquiere mercancías en el primer trimestre de 2014 por importe de 600.000 € cuyo pago se produce el 1 de mayo de 2014. El empresario podrá deducir las cuotas soportadas en la declaración del segundo trimestre de 2014 o en las declaraciones de los trimestres siguientes siempre que no hubiera transcurrido cuatro años contados desde el 1 de mayo de 2014

-¿A qué operaciones puede aplicarse?

Se aplica a todas sus operaciones, realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.

A excepción de:

a) Las acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión, aplicable a los servicios prestados por vía electrónica y del grupo de entidades.

b) Las exportaciones y entregas intracomunitarias de bienes.

c) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.

d) Supuestos de inversión del sujeto pasivo.

e) Las importaciones y las operaciones asimiladas a importaciones.

f) Autoconsumos de bienes y servicios.

TRANFERENCIAS SEPA

El Reglamento CE 260/2012, por el que se establecen unas fechas finales de migración a los instrumentos SEPA mediante la fijación de una serie de requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros.

-   QUE ES SEPA.

La zona única de pagos en euros (SEPA por su acrónimo en inglés) es el área en el que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden efectuar y recibir pagos en euros en Europa, por lo tanto dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente del lugar en que se encuentre.

A partir del 1 de febrero de 2014, todas las transferencias y domiciliaciones que se realicen en España y en el resto de la zona del euro serán únicamente SEPA.

-   QUE BENEFICIONS APORTA SEPA.

Permite la unificación de la cuenta bancaria, tarjeta, y los instrumentos de pago (transferencias y adeudos entre otros), etc. Además de aumentar la protección de los usuarios, y conseguir con ello la desaparición de las barreras en los pagos internacionales.

-   CUALES SON LOS INSTRUMENTOS DE PAGO SEPA.

Se basa en tres instrumentos de pago:

  • Las transferencias SEPA, que sustituyen a las actuales transferencias nacionales.
  • Los adeudos directos SEPA, en lugar de las actuales domiciliaciones de recibos españolas.
  • Las actuales tarjetas bancarias, que requerirán un chip y un código de seguridad o PIN en vez de la firma tradicional que podría ser falsificada.

-   Como le afectan los cambios

  • Las cuentas bancarias se identificaran mediante el código internacional IBAN, mientras que las entidades bancarias se identifican mediante el código internacional BIC (ambos le son facilitados por las entidades, en la banca electrónica o extractos bancarios entre otras).
  • En cuanto a las transferencias se realizaran conforme el código IBAN facilitado por usted, sin que sean exigibles verificaciones adicionales por parte de las entidades.
  • En cuanto a los adeudos directos, para que el emisor pueda originar el cargo de un importe en una cuenta, es necesario contar con autorización expresa del deudor. En cuanto a la devolución de los adeudos se someten a la normativa de servicios de pago Ley 12/2009 de servicios de pago; donde el plazo para el consumidor es de 8 semanas para devolver el recibo, cuando se dio la autorización, y esta no especificase el importe exacto y dicho importe supere el esperado.

MANUAL DE DERECHO FISCAL

Este texto universitario va dirigido tanto a los estudiantes del grado de Administración y Dirección de empresas como a los directivos de éstas que deseen conocer de una forma clara y sencilla los fundamentos del Derecho fiscal, el sistema impositivo español y las principales cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con el mismo.

La exposición se realiza de una forma sistemática y resumida, pues con la misma se pretende que se tengan los conocimientos clave necesarios para que un directivo pueda desenvolverse de una forma rápida y certera en su empresa conociendo los temas básicos de la misma, y que los alumnos se acerquen al derecho y tributos en una asignatura que se imparte en un solo curso de una forma global.

Los alumnos directivos conocerán de un modo rápido y genérico el sistema normativo e impositivo que afecte a la actividad de la empresa generando un coste directo a cada decisión o actuación y, en especial, los documentos que recogen todas estas cuestiones. Por empresario debemos entender no solo a la persona jurídica o sociedad sometida al Impuesto de Sociedades, sino también a la persona física o autónomo al que se aplica el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas. De esta forma veremos que tributos les afecta a una o a otra y cuáles a ambas.

De Igual modo se realiza un estudio de los procedimientos administrativos tributarios de gestión, inspección y recaudación.

DECLARACION INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO (MODELO 720)

Ley 7/2012, de 29 de octubre de 2012, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, ha  establecido la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero.

     Sujetos obligados a la presentación. 

     Con carácter general, están obligados a presentar esta declaración informativa los contribuyentes sujetos al impuesto  sobre la Renta de las Personas Físicas, o bien por el impuesto sobre Sociedades, que posean los bienes y derechos situados en el extranjero que determinan la obligación de presentar la declaración.

     La finalidad última del modelo 720 es la de proporcionar información de los bienes y derechos existentes en el extranjero cuya mera tenencia, dan lugar a rentas sujetas a la imposición personal, bien porque el contribuyente está sometido a tributación por su renta mundial, bien porque el bien está afecto a un establecimiento permanente.

     No estarán obligados a presentar estas declaraciones las personas o entidades no residentes sin establecimiento permanente en España y que tributan por el Impuesto sobre la Renta de NO Residentes.

     Derechos y bienes a informar.

     Se debe informar sobres los siguientes bloques de bienes y derechos que estén situados en el extranjero:

  • CUENTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS.
  • VALORES, SEGUROS O RENTAS.
  • BIENES INMUEBLES Y DERECHOS REALES SOBRE ELLOS.

     Excepciones a la obligación de declarar.

Con carácter general, no existe obligación de presentar declaración cuando el conjunto de los bienes y derechos de cada uno de los tres bloques de bienes individualmente considerado no supere los 50.000€.

Además quedan exoneradas de la presentación de esta declaración, los bienes y derechos de aquellas entidades que los tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada y perfectamente identificada.

     Plazo de presentación y obligación de presentación.

El plazo de presentación del modelo 720 del ejercicio 2012, finaliza el 30 de abril de 2013. Para los ejercicios siguientes, el plazo será el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que se refiera la obligación.

La declaración en los años posteriores sólo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos, hubiese experimentado un incremento superior a 20.000€ respecto de los que determinaron la presentación de la última  declaración, pero si el caso es la  perdida de la condición que se determino será obligatorio la presentación.

     Consecuencias de la falta de presentación.

     Las consecuencias de la falta de presentación son muy graves puede tener importantes sanciones.